Reforma a “permisología”: Gremios mineros piden avanzar en medidas concretas para destrabar las inversiones del sector

Los anuncios del Gobierno para abordar los nudos y trámites que frenan la inversión fueron valorados por los gremios empresariales del país. Sin embargo, la industria minera planteó algunos alcances con respecto a los grandes proyectos de inversión, que necesitan medidas más urgentes para agilizar tramitaciones que ya se encuentran en curso.

El Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, realizó un llamado a continuar realizando “esfuerzos para reducir incertezas, plazos y espacios de discrecionalidad en la tramitación de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, especialmente para la industria minera, sector productivo expuesto a una gran cantidad de regulaciones”.

El presidente de la gremial recordó que en el sector minero se han identificado casi 440 trámites, que se traducen en más de 309 permisos, de los cuales 63 son permisos sectoriales prioritarios.

Según Riesco, con algunas medidas administrativas y de gestión se podrían lograr aumentos de un 20% en la producción de faenas operativas. Riesco considera para abordar los desafíos identificados en la tramitación de permisos y planteados en la mesa del royalty. A modo de ejemplo, dijo que se podría regular desde ya la aplicación de nuevos documentos, criterios, guías e instructivos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a procedimientos de evaluación en curso.

La nueva Presidenta de Aprimin (Asociación de Proveedores Industriales de la Minería), Dominique Viera, valoró la iniciativa del Gobierno, y reconoció que uno de los principales problemas “era precisamente el tema de entregar papeles; primero el volumen, también los procesos y el que sean muchos en físico. Ahora se crearía esta ventanilla digital, que es única, y que por supuesto va a agilizar”, sostuvo.

Nuevo rol del Ministerio de Medio Ambiente

El eje ambiental de la reforma, de momento, es el que más dudas ha generado. En concreto, con la eliminación del Comité de Ministros, la Dirección Ejecutiva del SEA será la encargada de resolver las reclamaciones que se interpongan. Asimismo, se pone fin a las COEVA (Comisión de Evaluación Ambiental), radicando su función en la Dirección Regional del SEA.

Sobre este aspecto, la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, cuestionó “las mayores atribuciones que se le entregan al Ministerio de Medio Ambiente, en desmedro de avanzar hacia una visión más integral que pueda incluir también a otras autoridades”.

A su vez, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, planteó restringir la discrecionalidad y evitar las judicializaciones, poniéndose más énfasis en lo técnico que en lo político.

Y la presidenta de Aprimin, Dominique Viera señaló que “es importante que las decisiones se estén volcando a un tema mucho más técnico. Se elimina el Comité de Ministros y se reformularía todo el sistema de evaluación ambiental… Es decir, si un proyecto cumple y es medioambientalmente amigable, debiese tener luz verde”, afirmó.